La lucha contra la morosidad también es una prioridad

La dilación en los plazos de pago, que practican de forma abusiva entes públicos y grandes corporaciones, incide en un aumento de los costes financieros de las empresas, sobre todo a las pymes y micropymes, lo que resta competitividad a organizaciones y al conjunto de la economía nacional.

En las escasas declaraciones que han vertido a los medios, los dirigentes del partido político ganador de las elecciones han insistido en que la prioridad básica en las primeras medidas a tomar será la contención del déficit público, siendo conscientes de que ello afectará al crecimiento económico, entre otras variables.

No obstante, desde esta modesta columna queremos sumarnos al coro de opiniones que ponen sobre la mesa otra cuestión igualmente urgente: la lucha contra la morosidad, problema del que son tristes protagonistas las Administraciones Públicas. La dilación en los plazos de pago, que practican de forma abusiva entes públicos y grandes corporaciones, incide en un aumento de los costes financieros de las empresas, sobre todo a las pymes y micropymes, lo que resta competitividad a organizaciones y al conjunto de la economía nacional.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) es una de las voces que está clamando con más fuerza para que esta auténtica lacra de España (tercer país por la cola en el continente europeo tras Italia y Grecia) se reduzca progresivamente, para lo cual está demandando un régimen sancionador severo para los incumplimientos (hasta 900.000 euros para las sanciones graves), pero lamentablemente el beneficio obtenido por los incumplidores es muy superior a estas cuantías. Esta organización empresarial ya está emprendiendo acciones judiciales contra compañías como Leroy Merlín, Ferrovial o Telefónica por sus actuaciones, que se espera que tengan un efecto ejemplarizante.

Un dato que da una idea de la dimensión del problema (publicado en varios medios, como “Cinco Días”): al final de 2011 se habrán solicitado aplazamientos a Hacienda por 15.000 millones de euros y otros 6.000 millones relacionados con el retraso de pago de cuotas a la Seguridad Social: en total, cerca de 21.000 millones de euros de aplazamientos, más del 2 por ciento del PIB. Si las empresas no cobran o tardan muchos meses en hacerlo, es lógico que pidan aplazamientos por los tasas derivadas.

Todo esto choca con la propia Administración, que infringe reiteradamente la Ley 15/2010 en sus compromisos de pago. Si se aliviase paulatinamente este problema, las empresas encontrarían un pequeño balón de oxígeno en estos tiempos difíciles, en los que las entidades financieras ponen demasiadas trabas al crédito.

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