La Administración sí puede tener un papel activo

La Administración Pública puede ejercer un papel impulsor beneficioso y de apertura de oportunidades a través de una legislación que persiga mejoras técnicas, de seguridad y confort para los ciudadanos. El nuevo Reglamento de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación (telefonía, banda ancha, radio y televisión) en el interior de las edificaciones, el desarrollo del dividendo digital o el Real Decreto que regula la conexión de las instalaciones de fuentes renovables y de cogeneración de pequeña potencia son algunos ejemplos de cómo la actuación de la Administración, con la colaboración de asociaciones empresariales, puede dinamizar la actividad del sector.

Las corrientes neoliberales que adornan buena parte del ideario de varias formaciones políticas enarbolan la necesidad de reducir el papel del Estado y pasar al sector privado numerosas áreas de actividad. En primer lugar, cabe decir que esto es muchas veces una verdad a medias, ya que las secciones autonómicas de partidos políticos, y algunas decisiones de alcance nacional, practican una suerte de intervencionismo más o menos disfrazado en algunos ámbitos.

Pero, además, la Administración Pública puede ejercer un papel impulsor beneficioso y de apertura de oportunidades a través de una legislación que persiga mejoras técnicas, de seguridad y confort para los ciudadanos. Precisamente, hemos tenido algunos ejemplos recientes de este rol dinamizador de sectores como el eléctrico y de telecomunicaciones que pueden tener las instituciones públicas.

Así, en el ámbito de las telecomunicaciones, se debe destacar el nuevo Reglamento de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (denominado ICT2) para el acceso a los servicios de telecomunicación (telefonía, banda ancha, radio y televisión) en el interior de las edificaciones, aprobado en marzo de 2011; se trata de una norma que pretende atender la demanda de nuevas aplicaciones y servicios (televisión de alta definición, Internet ultrarrápido, TV en 3D, teletrabajo, teleasistencia, etc.), campos que podrían generar puestos de trabajo y riqueza: se ha hablado de más de 2.500 millones de euros de inversiones en las redes de acceso ultrarrápidas y de la posibilidad de generar 20.000 nuevos empleos, sobre todo en la instalación de las tecnologías ópticas.

Otro ejemplo de este mismo segmento es el desarrollo del dividendo digital, el proceso por el cual se liberarán las frecuencias de entre 790 y 862 MH, utilizadas para transmisión de televisión terrestre, y se asignarán a las operadores de telefonía móvil para prestar sus servicios avanzados a partir del año 2015. Será preciso acometer la adaptación de las instalaciones en la parte de recepción colectiva, para lo que se estima en la Unión Europea unas cifras de inversión entre 150.000 y los 200.000 millones de euros (de los que un 8 por ciento corresponde a España, según un fabricante de este segmento).

Por otro lado, el pasado noviembre vio la luz el Real Decreto que regula la conexión de las instalaciones de fuentes renovables y de cogeneración de pequeña potencia, un reglamento que pretende fomentar el aumento de las instalaciones fotovoltaicas de pequeña potencia, lo que podría hacer crecer el autoconsumo y reactivar la maltrecha industria fotovoltaica.

Finalmente, en un ámbito más regional, nos hacemos eco en este boletín del Plan Renove de Alumbrado Exterior que se ha activado en la Comunidad de Madrid para modernizar y mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado público en municipios, con una dotación de 1,5 millones de euros y en el que colaboran la patronal de iluminación (Anfalum) y la asociación de empresas instaladoras de Madrid (Apiem).

Como se ve, son sólo algunas muestras de cómo la actuación de la Administración, con la colaboración de asociaciones empresariales, puede dinamizar la actividad del sector. Esperemos que cunda el ejemplo a pesar de estar inmersos en época de ajustes.

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