Deshacer el nudo de la morosidad

La escasez de crédito convierte en prioritaria la necesidad de luchar contra la morosidad para evitar el estrangulamiento financiero de pymes y autónomos. Además de la concesión de nuevos créditos ICO, recientemente anunciada por el Gobierno, es necesario que realmente se cumplan los plazos de pago contemplados en la Ley 15/2010 e implementar más medidas para que las grandes compañías y las administraciones públicas no utilicen su posición de poder para imponer plazos de pago abusivos a los pequeños y medianos negocios.

Un día tras otro las noticias sobre la coyuntura económica no dejan de azotar al resignado ciudadano y a las sufridas empresas: vaivenes con la prima de riesgo, rebaja de calificación de la deuda española –por parte de entidades que asignaron la nota máxima a Lehman Brothers 24 horas antes de su desplome–, ajustes en servicios públicos… La lista es demasiado larga.

En este proceso las entidades financieras prefieren utilizar el dinero a bajo interés suministrado por el Banco Central Europeo (BCE) para sanear sus balances y, a la postre, el flujo de crédito no llega ni a los consumidores ni al tejido empresarial. La evolución económica para muchos se parece al nudo de una corbata que se va estrechando poco a poco y empieza a impedir el paso del aire. Por todo esto, adquiere una importancia capital la resolución de la morosidad, una anomalía que coloca a España casi en el entorno de las repúblicas bananeras.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) señala en su último informe que el 63,2 por ciento de las empresas encuestadas tenían contratos o acuerdos comerciales con clientes (tanto del sector privado como público) que les exigían plazos de pago superiores a los 85 días que establece la Ley 15/2010 para este año. Pero en sectores como la construcción o la sanidad los plazos de cobros son superiores, verdaderamente escandalosos.

Además, el ratio de morosidad ha alcanzado el 7,1 por ciento (empeorando notablemente el índice del 5,1 en el año 2010). La supervivencia de empresas, sobre todo pymes y autónomos, en una franca situación de fragilidad, está en peligro, con lo que supondría de destrucción de puestos de trabajo.

El reciente anuncio del Gobierno de una línea de créditos ICO más eficaz va en el buen camino, pero es absolutamente necesario implementar más medidas, algunas de ellas ya contempladas en la ley, especialmente en el sentido de que las grandes compañías no utilicen su posición de dominio sobre las pequeñas para imponerles aplazamientos de pago abusivos, tal como reclama la PMcM.

Asimismo, la Plataforma pretende también mejorar la liquidez del empresario a corto plazo con otras propuestas de orientación tributaria, como la implantación del criterio de caja en el pago del IVA, la devolución de los tributos a pymes y autónomos en un máximo de un mes, crear cuentas corrientes con las distintas administraciones para compensar deudas cruzadas, etc.

Si se deshace el nudo de la morosidad muchas empresas podrán tomar un respiro, mantener su actividad y afrontar nuevos proyectos, lo que, en definitiva, permitirá conservar e incluso incrementar contrataciones de personal. La apuesta no puede ser continuar con la actual dinámica.

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