Respecto a la lucha contra los impagos, la propuesta del Gobierno contempla unos plazos de pago de 60 días tan sólo para empresas de “reducida dimensión”, aquellas con una cifra de negocio inferior a 8 millones de euros, según la Ley del Impuesto de Sociedades. Por tanto, hay todo un amplio colectivo de pequeñas y medianas empresas –subraya Pimec– que no se beneficiarán de esta mejora. Asimismo, la controvertida cláusula “salvo acuerdo entre las partes” queda limitada para las empresas de “reducida dimensión” y, de este modo, continúa siendo un grave problema para el resto.

Pimec (que forma parte activa de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad) resalta que en la propuesta gubernamental no se aclara si el plazo de 60 días empieza a contar a partir de la fecha de entrega de la mercancía y, por lo tanto, esto podría alargar la fecha real de cobro. En cuanto a las Administraciones Públicas, las medidas suponen un avance respecto a la agilización de los pagos y a los intereses de demora.

Por otro lado, en cuanto a la reactivación del crédito y la liquidez para las pymes y autónomos, Pimec estima que es positivo que se establezca una cobertura de riesgo del 100 por cien de los préstamos concedidos por el ICO (Instituto de Crédito Oficial) como medida que permita hacer llegar el crédito a las empresas, que ha sido muy limitado durante el 2009, puesto que puede solucionar, en parte, el acceso al crédito a las pymes. No obstante, el hecho de que se comercialice a través de una sola entidad financiera podría “hacer muy lento el proceso de concesión de estos créditos; la situación financiera de las pymes no admite más demoras”, indica Pimec; además, añade, “no se especifica cuántos recursos se destinarán a esta línea”.

Por ello, la patronal catalana considera que, como solicita la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, sigue siendo necesaria la tramitación y debate parlamentario de la reforma de la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, cuya votación está prevista en el Congreso de los Diputados para el próximo 23 de marzo.