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Un informe de Ferca alerta del alto índice de morosidad que sufren los instaladores

 

Un informe de Ferca alerta del alto índice de morosidad que sufren los instaladores

Se han realizado encuestas sobre la situación de morosidad en la que se encuentra el sector de los instaladores en Cataluña. El documento elaborado por la Federación de Asociaciones de Empresarios Instaladores de Catalunya incluye propuestas de reforma legal para mejorar la liquidez del sector.

Por redacción - 13/02/2012

El acto de presentación del informe estuvo presidido por Josep González Sala, presidente de Pimec, y Xavier Carulla, presidente de Ferca.

Las administraciones públicas y el sector privado incumplen los plazos de pago según la ley 15/2010, llegando a acumular en estos momentos 262 millones de euros en impagados en el sector de los instaladores, de los que más de la mitad corresponde al sector público y promotores inmobiliarios. Esta es una de las principales conclusiones del informe elaborado por la Federación de Asociaciones de Empresarios Instaladores de Catalunya (Ferca), con el soporte de la patronal Pimec. El estudio, que fue presentado por Josep González Sala, presidente de Pimec, y Xavier Carulla, presidente de Ferca, analiza la situación de la morosidad en la que se encuentra el sector de los instaladores y recoge propuestas de reforma legal para mejorar la liquidez del sector.

Según el informe, un 75 por ciento de los encuestados tiene instalaciones hechas y pendientes de cobro. Se estima que, actualmente, la falta de financiación en el sector supera los 150 millones de euros. Según Josep González Sala, este importe ya supone casi un tercio del que se asigna al ICF para la totalidad de empresas.

Algunas de las propuestas que revela el informe para mejorar la liquidez del sector pasan por exigir el cumplimiento de la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad, con el acatamiento de los plazos de pago y la creación de una línea especial del ICO para financiar las deudas de las administraciones públicas. También se propone mejorar la gestión de las ayudas públicas del FROB a las entidades financieras, destinando una parte de los recursos recibidos a liquidar parcialmente las instalaciones de los inmuebles, y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), destinando una parte proporcional del valor recuperado por la subasta del inmueble a liquidar la deuda pendiente con el instalador.

Otra medida de mejora presentada es la prohibición de la certificación de la obra si no se ha realizado el pago íntegro de las instalaciones del inmueble.

Dentro de las mejoras que se mencionan, está la de fomentar la energía mini-eólica como modelo sostenible, económico y de fácil instalación, que dinamizaría el mercado para los instaladores.

 

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