La Federación del Metal de Tenerife denuncia el incumplimiento de la ley contra la morosidad

La actuación indebida de grandes corporaciones y las Administraciones Públicas pone en peligro miles de empleos al abusar de los plazos de pago.

La Federación del Metal de Tenerife denuncia el incumplimiento de la ley contra la morosidad

Femete (Federación de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de la Santa Cruz de Tenerife), a la que pertenece la asociación de instaladores Asinelte, ha denunciado en un comunicado que “todavía muchas pequeñas y medianas empresas y autónomos de Canarias no cobran los trabajos o servicios que realizan hasta 6 meses después, por lo que miles de empleos están en peligro”.

La patronal del metal resalta que hay multinacionales o grandes empresas que “chantajean” a los pequeños empresarios porque les obligan a aceptar el pago a partir de 180 días para conseguir el contrato: o lo admiten o buscan a otro, y subraya lo inaceptable de estas presiones. “Por lo tanto, exigimos que se aplique de una vez, de forma inmediata, rigurosa y real, la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad y que se sancione a los que no la cumplen, restableciendo los principios de equidad, oportunidad y competitividad. Sólo así se salvarán los puestos de trabajo y se ayudará a reactivar la economía en el Archipiélago”.

Femete señala en este comunicado que algo parecido está ocurriendo con las Administraciones Públicas, ya que hay ayuntamientos isleños que en ocasiones tardan en pagar más de 200 días, y la Comunidad Autónoma, a veces, más de 150. “En cualquier caso, recordamos que la normativa establece que el período obligado de pago en 2011 no debe sobrepasar los 85 días para las empresas privadas y 50 para el sector público; mientras que en 2012 el plazo se tiene que reducir a los 75 días en las empresas y 45 en las Administraciones; luego, a partir del 1 de enero de 2013, todas las empresas privadas deberán de subsanar sus deudas en un máximo de 60 días y las públicas, en menos de 30”.

La Federación recuerda que “esos tiempos se deben computar desde la fecha de recepción de las mercancías o de la prestación de los servicios, también en los casos en que el deudor reciba la factura o solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios”.

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